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Crimen «minúsculo»
Por Manuel Gracián-Barrera El 26 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expidieron un decreto que permite la legalización del aborto. Con las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de salud—ambas del DF—las autoridades distritenses renuncian a castigar a quienes cometan la acción criminal del aborto. Y al otorgarse el beneplácito legislativo se han convertido en cómplices voluntarios de asesinato. Libres de toda culpabilidad No obstante, para atenuar las quejas de su propia conciencia moral (si es que aún les quedan residuos de ella) los asambleístas del PRD han decidido emplear eufemismos y llamar al crimen de una manera suave y aparentemente inofensiva —cuya recta expresión sería abominable—: ¡Han decretado denominar «interrupción del embarazo» al aborticidio! (acción intencional para provocar la muerte del producto de la concepción humana, en cualquier momento de la preñez). Y para sentirse plenamente libres de toda culpabilidad determinan que los bebes—niños o niñas—menores de 12 semanas de vida intrauterina, no son aún—o nunca serán—seres humanos. Y, como consecuencia, destruirlos en el claustro materno no constituye ningún crimen. ¡Aterradora mentalidad de legisladores del siglo veintiuno! Crimen minúsculo es matar a un ser humano de pocos días de vida intrauterina, que apenas puede medir unos milímetros y carecer aún de forma humana. Pero, al fin y al cabo, crimen. Al homicidio hay que llamarlo por su nombre: la interrupción del embarazo de seres humanos menores de 12 semanas de gestación es un asesinato repugnante. Y los ministros de la Suprema Corte están demostrando tibia incoherencia, al no dictaminar prontamente la anulación de una norma que nació inconstitucional, desde la gestación perredista. Han pasado ya nueves meses desde que el Alto Tribunal recibió y registró la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El silencio celestino los está convirtiendo en verdugos involuntarios del PRD (el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano es el instructor responsable del procedimiento). Legitimar el asesinato A la fecha se han provocado cerca de seis mil muertes intrauterinas. Ahora decretan la muerte de los más pequeños e indefensos; después legislarán la de los embriones o fetos con defectos genéticos, posteriormente la de los recién nacidos deformes o feos, los bebes monstruos con cerebro normal. Luego seguirán con la ya aprobada muerte anticipada para, ulteriormente, legitimar por decreto la muerte de enfermos terminales, de ancianos sanos o enfermos que representen estorbo para las familias o para el Estado. La violencia fáctica del derecho a la vida, el amor a la muerte (necrofilia), el narcisismo partidario son signos premonitorios de una barbarie nueva. Los perredistas de la Asamblea Legislativa y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se han convertido por decreto en los primeros heraldos mexicanos del cuarto mundo: el mundo del subdesarrollo moral. La búsqueda auténtica de la congruencia podría devolverles la credibilidad social. Nunca es tarde para la conversión. |
