VOZ DE LOS PASTORES

Los ciudadanos y las instituciones corren el riesgo de quedar desamparadas, cuando los responsables de la impartición de la justicia en la más alta instancia parecen proceder antes que por la búsqueda de la verdad y la legalidad por otras motivaciones y presiones.

Por monseñor José de Jesús Martínez Zepeda, Obispo de Irapuato

Con el fin de favorecer una conciencia más viva del momento que vivimos, orar por estas intenciones e invitarlos a participar en algunas acciones que conduzcan una solución favorable, me referiré a dos pendientes de mucha importancia para nuestro país en el momento presente: uno es la presentación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dos acciones de inconstitucionalidad de la ley del aborto en el D. F., una de ellas por el Procurador General de la República (PGR) y la otra por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ambas acciones están sustentadas con carácter jurídico: el derecho a la vida es previo a los demás derechos. La Constitución mexicana protege el derecho a la vida al proteger otros derechos.

La SCJN está en proceso de examen de dichas acciones y su respuesta se espera en este mes de enero o el de febrero. La argumentación jurídica presentada es coherente y fuerte. Si el análisis y la decisión fuera de acuerdo con la legalidad y las leyes vigentes no cabe duda que tendrían éxito. El riesgo es el modo de proceder actual del órgano supremo que ha llenado de estupor a no pocos, con alguna de sus últimas decisiones, donde es manifiesto que ha podido más la presión de algunos círculos y los intereses políticos que la legalidad y la justicia.

Los ciudadanos y las instituciones corren el riesgo de quedar desamparadas, cuando los responsables de la impartición de la justicia en la más alta instancia parecen proceder antes que por la búsqueda de la verdad y la legalidad por otras motivaciones y presiones. A la fecha, en varios estados de la República, tanto el poder ejecutivo como el legislativo se han pronunciado con el criterio de que ni siquiera permitirán la introducción de una iniciativa semejante a la de la ley del aborto; pero, de ser rechazada la declaración de inconstitucionalidad de la aprobación del aborto en el D. F., por parte de la Suprema Corte, existe la preocupación de que su legalización se vaya extendiendo a todo el país.

El otro pendiente se refiere al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedido el 3 de diciembre de 2007 que ha reformado el código electoral anterior. Todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y teóricamente podría ser vetado por el Presidente y regresado al Congreso para su modificación, lo que no parece probable, dado el momento que vivimos.

La aprobación de esta reforma ha sido el precio que el poder ejecutivo ha debido pagar para que fuera aprobada su propuesta de reforma fiscal con no pocos recortes y modificaciones. Es un avance en varios aspectos como la reducción de gastos y tiempos de campaña. Mi señalamiento está motivado por la restricción que hace de la libertad de expresión: sólo los partidos políticos podrán expresar opiniones en la TV sobre los candidatos por ellos propuestos, privando de este derecho a los particulares y agrupaciones no partidistas, lo que no parece conciliable con el Art. 6º de la Constitución. Las televisoras y algunos grupos empresariales han emprendido algunas acciones legales.