VIGÍA

Les recomiendo que periódicamente le den un vistazo a lo que los legisladores hacen en nuestros parlamentos. Verán la verdadera capacidad de representabilidad de algunos de esos señores.

Por Javier Algara

Uno de los pilares de la democracia es la praxis de la representabilidad, por la que los funcionarios electos para puestos de gobierno deben inteligente, eficaz y genuinamente representar los intereses del pueblo. Por eso es importante que la ciudadanía les siga los pasos a dichos representantes populares. Les recomiendo, por ejemplo, que, como ejercicio de ese seguimiento, periódicamente le den un vistazo a lo que los legisladores hacen en nuestros parlamentos. Verán la verdadera capacidad de representabilidad de algunos de esos señores. Un botón de muestra:

Dos diputados de la Asamblea Legislativa del D.F., Víctor Hugo Círigo Vargas y Juan Bustos Pascual, presentaron en junio pasado una iniciativa para crear la ley de protección a las prostitutas (llamadas sexoservidoras en la iniciativa). Su exposición de motivos, entre otros, incluye el de que la prostitución nunca ha tenido, fuera del ámbito judeo-cristiano, connotaciones de inmoralidad, y que por tanto el gobierno debe proteger la dignidad de esa profesión y a quienes la ejercen. Defienden esa posición afirmando, primero, que ya las religiones más antiguas del mundo, e incluso las de nuestros antecesores indígenas, veían en el «sexoservicio» un acto cultual, relacionado con los dioses y, por tanto, moralmente bueno. Citan como ejemplo el culto a Mylitta, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, en Babilonia. Mencionan que la idea de inmoralidad de la prostitución surgió, antaño, a raíz de «los prejuicios y de los recursos propagandísticos» del pueblo judío en contra de las costumbres cananeas, y, ya en la era cristiana, por la «preocupación obsesiva» de la autoridad de la Iglesia católica «por el recto comportamiento», que la llevaba a pretender «homogeneizar el comportamiento cristiano a partir de un sistema moral con pretensiones de validez universal». En ese intento, la lujuria se hace ver—según los diputados que lo explican, como en mofa— como «la manifestación máxima del desorden moral», y el acto sexual sólo es moralmente permitido cuando es realizado entre esposos. Valdría la pena, en otra ocasión, examinar el resto de los motivos enunciados en la iniciativa de ley, pero convendría aquí comentar algo respecto a lo ya dicho.

Una recta decisión legislativa debe ser precedida por un estudio objetivo y sincero tanto del sentimiento mayoritario de los representados como de todos los argumentos en pro y en contra. Si la prostitución sagrada constituye un argumento para calificarla como moralmente aceptable, y si para ello los proponentes se basan en los ritos de las antiguas religiones, podríamos concluir que los demás actos rituales —matar niños, arrojar doncellas a los cenotes, guerras santas, drogadicción, venganzas, entre otros— que se sustentaban en dichas religiones, las cuales adoraban a dioses mentirosos, lujuriosos, asesinos, infieles, etc., también podrían considerarse correctos moralmente.

Les falta, además, a los señores legisladores darse la oportunidad de conocer mejor la verdadera doctrina de la Iglesia; ésta nunca ha considerado los pecados sexuales como «la máxima expresión de inmoralidad». Por otra parte, ¿merece crítica la Iglesia —y ser considerada incapaz de colaborar al buen desempeño legislativo de una nación— por querer uniformar el recto comportamiento de sus fieles, e invitar al resto del mundo a actuar de acuerdo a normas que garantizan mejor la felicidad que todo hombre busca, y que se sustentan en la fe en un único Dios, infinitamente perfecto y amoroso, que ha sido capaz incluso de hacerse hombre para liberarnos del miedo a la muerte, que era lo que movía a los seguidores de las antiguas religiones?