OBRAS Y RAZONES

Grupos contarios al catolicismo utilizan la mentira para evitar que sea aprobada la reforma que nos dará mayor libertad religiosa.

Por Jorge E. Traslosheros

La reforma al artículo 24 de la Constitución sobre libertad de religión nos pone frente a los prejuicios que carcomen nuestra democracia.

La oposición más fuerte proviene de grupos anticatólicos que realizan cabildeos para echar abajo la reforma en los estados. Utilizan el engaño como estrategia. Dicen que los católicos queremos recuperar los privilegios perdidos en la reforma juarista, socavar las bases del Estado laico a través de la reforma de los artículos tercero y 130 constitucionales, lastimar y polarizar a la sociedad por cuestiones de convicciones éticas.

El despropósito no tiene límites. La libertad de religión es un derecho humano definido en el Derecho internacional e incorporado a la Constitución en marzo de 2011. La reforma es un acto de coherencia que no toca la naturaleza laica de la educación pública.

Lo que realmente lastima nuestro sistema de libertades es el ataque contra los derechos. Olvidan que nuestra constitución reconoce, no concede, los derechos humanos bajo el principio de la más generosa interpretación (prohomine), lo que incluye la libertad de religión. La presencia en el debate público de distintas convicciones éticas es condición necesaria para el desarrollo de la democracia. Es, de hecho, una de las razones más poderosas de su existencia.

Los católicos no queremos privilegios, sino el respeto a nuestros derechos como cualquier otro mexicano. El legado de don Benito Juárez no está en peligro. La libertad de religión es legado de la sociedad civil y fortalece, por ende, un auténtico Estado laico. Lo que sí está en juego es la herencia que nos dejó la persecución religiosa de 1914-1938. Esa lamentable herencia debe desaparecer para que cualquier mexicano pueda ejercer la religión de su elección, o ninguna si le place, en público y en privado. Acabar con el legado de Calles es fortalecer el Estado de Derecho y nuestra democracia sustentada en los derechos humanos.

Los argumentos tienen sabor a hipocresía. Si en verdad quieren anular la libertad de religión, entonces: ¿el sacerdote Solalinde debe abandonar a los migrantes?, ¿Raúl Vera debe callar los abusos de las mineras?, ¿Felipe Arizmendi debe silenciar su defensa de los indios? ¿Javier Sicilia debe dejar de lado la reivindicación de las víctimas del crimen y no pedir más una paz con justicia y dignidad? ¿Las religiosas que viven para proteger a las prostitutas de la Merced deben abandonarlas en manos de traficantes? ¿Deben cerrar sus puertas VIFAC e IRMA porque se dedican a la protección de las mujeres embarazadas y sus hijos? ¿Debemos cancelar las innumerables iniciativas e instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles inspiradas por la fe? En suma, ¿los católicos, como las demás personas que profesan alguna religión, debemos reducirnos al silencio y traicionar nuestra fe?

La libertad de religión es necesaria al sano desarrollo de la sociedad civil, el Estado laico, el Estado de Derecho y la democracia. Es una puerta abierta al bien común. Debe aprobarse la reforma al artículo 24 constitucional.