DEBATE

Junto con Jacinta fueron acusadas Alberta Alcántara y Teresa González. Jacinta quedó libre, pero sus compañeras no.

Por Gilberto Hernández García

En septiembre pasado, luego de 3 años de prisión, la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial fue excarcelada luego de que la PGR reconociera las serias inconsistencias que se dieron en su proceso y en el cual se había dictado sentencia de 21 años de cárcel. Como dimos cuenta en este medio, la mujer, originaria de Santiago Mexquititlán, fue acusada del secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en marzo de 2006.

El caso de Jacinta se convirtió en paradigmático y puso en entredicho la acción de la justicia mexicana, particularmente cuando se trata de personas sin medios para defenderse. Junto con Jacinta fueron acusadas Alberta Alcántara y Teresa González. Jacinta quedó libre, pero sus compañeras no.

Sentencia injusta

Paradójicamente, cuando el pasado 25 de noviembre se conmemoraba el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró sus infundadas acusaciones en contra de Alberta y Teresa, mediante el agente del ministerio público de la federación adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, quien presentó conclusiones acusatorias en contra de ambas mujeres. No conforme con solicitar que se les condene, pidió que se les imponga la pena más alta, que podría alcanzar más de 40 años de prisión.

Alberta y Teresa están recluidas en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Qro., desde el 3 de agosto de 2006, cuando fueron aprehendidas por ser señaladas como responsables del secuestro de seis agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). La acusación derivó de lo ocurrido el 26 de marzo de 2006, cuando dichos servidores públicos pretendieron decomisar ilegalmente la mercancía de algunos tianguistas de la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, propiciando la inconformidad de los vendedores.

Para la defensa de Alberta y Teresa, y para los familiares de las acusadas las conclusiones presentadas por el ministerio público expresan, de nueva cuenta, la reiterada intención de la PGR de mantener en prisión a ambas mujeres como represalia en contra de los comerciantes que se defendieron de los abusos de los agentes. Máxime si se considera que fueron Teresa y Alberta quienes les exigieron que  se identificaran cuando empezaron a despojar violentamente de su mercancía a la gente.

Claro ejemplo de fallas del sistema judicial

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro —el cual asumió la defensa legal de las mujeres— las conclusiones acusa-torias «constituyen un claro ejemplo de la inexistencia del debido proceso así como de la ilegal y excesiva penalización de las expresiones de protesta. Lo primero, en razón de que como defensores de Jacinta Francisco Marcial constatamos de primera mano la ausencia de pruebas contundentes que conduzcan a sostener que efectivamente los agentes fueron ‘secuestrados’; lo segundo, atendiendo a que a todas luces lo que busca la PGR en el caso no es tutelar bienes fundamentales y perseguir los delitos que más agravian a la sociedad, sino sancionar desproporcionadamente a quienes se defienden de la arbitrariedad de los servidores públicos de la Procuraduría. En Santiago Mexquititlán jamás se cometió un secuestro, pues sólo abusando de la ley puede equipararse lo ocurrido con ese deleznable crimen».

Ahora el destino de Alberta y Teresa queda en manos del juez Rodolfo Pedraza Longi, quien en el pasado ya dictó sentencia condenatoria en contra de Jacinta, Teresa y Alberta, «mostrándose complaciente con las irregularidades patentes en la acusación; aunque dicha sentencia fue revocada en segunda instancia, es ilustrativa del talante del funcionario judicial», como asegura el Centro de Derechos Humanos Pro.

Urge solidaridad

En Santiago Mexquititlán no hubo ningún secuestro y los afis lejos de ser inocentes víctimas, «fueron cómplices de una burda maquinación que se echó a andar como represalia en contra de una comunidad que no toleró los abusos de los servidores públicos de la PGR, institución que se ensañó contra quienes suelen ser particularmente discriminadas por la sociedad y el sistema de justicia: las mujeres en situación de exclusión, originarias de una comunidad rural indígena. Es inaceptable, por lo ya dicho, que las autoridades federales pretendan mantener en prisión más de cuarenta años a Alberta y Teresa», sostiene un comunicado del Prodh.

La familia y defensores de Teresa y Alberta están promoviendo  en lo inmediato una serie de acciones orientadas a demandar la exoneración de las mujeres, destacando entre ellas: la presentación de las conclusiones absolutorias de la defensa; la difusión de una nueva campaña de firmas y solidaridad; y la realización de actos públicos.

Con información del Centro Pro de Derechos Humanos