NUESTRO PAÍS

Un fisco no equitativo e ineficiente tiende a ser considerado como fuente de injusticias, ya que es débil y condescendiente frente a los grupos sociales económica y políticamente más poderosos, prepotente con los grupos sociales más débiles y menos protegidos.

El 10 del presente septiembre la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, emitió extenso documento sobre un tema que apasionadamente debaten hoy distintos sectores de la vida económica, social y política de la nación. Un adelanto a lo que al respecto sustenta el episcopado tiene buena expresión en este breve proemio: Un fisco no equitativo e ineficiente tiende a ser considerado como fuente de injusticias, ya que es débil y condescendiente frente a los grupos sociales económica y políticamente más poderosos, prepotente con los grupos sociales más débiles y menos protegidos. En su documento los obispos no exigen nada, sólo aportan criterios como  un servicio a la formación de la conciencia de los fieles.

En su introducción recuerdan: «Los pastores de la Iglesia no ofrecemos soluciones técnicas. Sin embargo, desde la misión que nos es propia, (...) proponemos los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices generales de acción que deben ayudar a los fieles laicos a realizar su vocación y misión en el mundo».

Inequidad existente

Los mitrados nos hacen recordar que «una adecuada política fiscal debe buscar equilibrios entre lo que se necesita, se recauda y se gasta»; que «en México existe una grave e inequitativa situación económica y social, producto, entre otras cosas, de la enorme concentración de la riqueza en manos de unos cuantos», y que «en nuestra patria, comparada con otros países, el nivel de recaudación fiscal es muy bajo, e insuficiente para lograr sus fines», además de que nuestro sistema tributario «carece del sentido promotor del desarrollo nacional y no cumple con su función redistributiva, pues es altamente regresivo, además de que desalienta la inversión productiva por su extrema complejidad».

La propuesta del gobierno

Sobre la propuesta gubernamental, el documento formula unos cuestionamientos muy interesantes: «¿Se trata de una reforma hacendaria o son solamente ajustes para tratar de sortear el estancamiento económico? ¿Estas reformas contribuyen a generar los empleos formales requeridos? ¿Estimulan la productividad? ¿Responden a la escandalosa distribución desigual de la riqueza? ¿Estimulan el crecimiento económico, de manera que los indicios de una sana economía se reflejen en el abatimiento de la pobreza y en la economía de las familias?».

¿La Iglesia es ajena a este problema?

Prosiguen: «Nos duele la pobreza de millones, que no tienen acceso a los bienes elementales, pues Jesús nos encomendó preocuparnos porque no les falte lo mínimo necesario para una vida digna». Y ponen el dedo en la llaga: «Si queremos un Estado que no abdique de su responsabilidad social, es necesario planear soluciones de fondo a la crisis fiscal (...). Asimismo las empresas, tanto nacionales como de alcance global, deben asumir sus responsabilidades sociales, la primera de las cuales es contribuir debidamente mediante el pago completo de sus impuestos».

Los exponentes consideran conveniente «recordar la enseñanza del concilio Vaticano II: ‘El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena (...). Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. No sólo esto; en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales. No pocos, con diversos subterfugios y fraudes, no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad’».

Eso sí: «El sistema fiscal de cualquier democracia exige una adecuada relación entre el ciudadano, las instituciones públicas y los demás ciudadanos. El comportamiento de unos con otros debe basarse en la imparcialidad. La única parcialidad que se permite es aquella en favor de los ciudadanos en condiciones de desventaja». Atendiendo al principio de subsidiariedad, la Comisión opina que «la sociedad toda, incluidas las asociaciones religiosas, debe reconocer su deber de contribuir mediante el pago de sus impuestos al bien común».