INTERNACIONAL

El gobierno socialista español está estudiando una reforma de la ley del aborto después de las reiteradas denuncias de asociaciones que descubrieron numerosas ilegalidades en clínicas privadas

Por Fernando Menéndez-Ros / corresponsal en Madrid

El gobierno socialista español está estudiando una reforma de la ley del aborto después de las reiteradas denuncias de asociaciones que descubrieron numerosas ilegalidades en clínicas privadas. En 1985 fue aprobada una ley del aborto por el Partido Socialista, en la que sólo constituía delito en el caso de  que saliera de estos tres supuestos: «cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada», cuando «el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de violación» en el cual se podría abortar en las doce primeras semanas, y por último, cuando «se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas…siempre que se practique dentro de las veintidós primeras semanas de  gestación».

Esta ley, sin embargo, ha sido desde su aprobación un coladero para las clínicas abortistas, ya que el 98% de las interrupciones son llevadas acabo por la sanidad privada, que ha creado un negocio sin precedentes, y en segundo lugar porque el 97% de las interrupciones se acogieron, sobre la base del primer supuesto: «grave peligro para la salud psíquica de la embarazada»  que no tiene un límite temporal.

Fueron grupos pro-vida, como E-Cristians, quienes denunciaron ante la opinión pública que, efectivamente, se estaba vulnerando la ley. Exigieron que se comprobaran los dictámenes en los que se acreditaba si el grave peligro para la salud psíquica de la madre tenía o no una base real.

Esto llevó a un proceso judicial contra personal sanitario en Cataluña y Madrid. Se demostró que en algunos establecimientos «se habrían podido falsear historias clínicas y el libro de quirófano, lo cual puede ser constitutivo de delitos de falsedad documental, al igual que se ha podido constituir delito de intrusismo, al carecer la persona que realizaba las funciones de psiquiatra la titulación oficial»; además del descubrimiento de que los ginecólogos y psiquiatras supuestamente estaban comprados por la empresa abortista.

La sociedad española quedó conmocionada con los hechos. Fueron los grupos feministas y lobbies abortistas los que presionaron al gobierno central para que tomara medidas para proteger a la mujer y al profesional sanitario y, a su vez, exigiendo una nueva ley que permita llevar a cabo el aborto sin complicaciones. El gobierno decidió obviar este tema en la pre-campaña electoral.

Una posible reforma al aborto

Seis meses después de las elecciones, el PSOE ha decidido seguir el ejemplo de la mayoría de los países europeos y garantizar el aborto libre en las primeras semanas de gestación, como lo es en: Alemania, Francia, Bélgica, Grecia, Austria, Hungría, Rumania, Italia o Portugal. Sin embargo, el variante en estos países es el tiempo que permite la ley para realizar la interrupción; así los más permisivos, como Holanda, garantizan la interrupción libre durante las 24 semanas y, por otro lado, Italia lo restringe a los 90 días de gestación.

Los únicos países europeos en los que el aborto sigue siendo delito son Irlanda y Polonia. Portugal presentó una ley que fue llevada a referéndum con un significante 56.39% de abstención, que convirtió la consulta en no vinculante. Pese a esto, la ley fue aprobada en el Parlamento, gracias al Partido Socialista.

En España, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha encargado a la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que ponga en marcha un estudio sobre una posible reforma del aborto. Para ello, Bibiana Aído ha contratado a trece expertos para que la posible nueva ley sea aprobada a finales del 2009.

El Partido Popular ha declarado que la nueva ley del aborto es «una cortina de humo» para que no se hable de la crisis económica, ya que no hay una necesidad en la sociedad española para reformar dicha ley.